Biocombustibles: la vieja política sigue

Biocombustibles: la vieja política sigue vigente

Claudio A. Molina
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.


El Senado de la Nación deberá aprobar un proyecto de ley en revisión, completamente modificado por orden del Ejecutivo.



El proyecto de ley de biocombustibles apunta a reglamentar una actividad que vienen realizando en diversa escala productores agropecuarios de todo el país. Apunta a reemplazar parcialmente al petróleo con combustibles provenientes de productos vegetales, como granos de oleaginosas y rezagos de diversos cultivos. Es menos contaminante y utiliza recursos renovables que suplen a los hidrocarburos, cada vez más escasos. Sin embargo, luego de su sanción unánime en el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados reformó totalmente su texto, invocando razones fiscales, con lo que se desalienta a los potenciales productores.

Un verdadero culebrón parlamentario

Desde el año 2000, distintos proyectos de ley relativos al desarrollo sustentable de los biocombustibles en Argentina, sufrieron la misma suerte: El cajoneo. Sin embargo, uno de ellos, presentado a mediados del año 2004 por el senador Luis Alberto Falcó y otros cuarenta y nueve senadores, representantes de todas las provincias y bloques legislativos, logró a fines de ese año, media sanción en la Cámara Alta, por el voto unánime de los senadores presentes en el recinto al momento de la votación.
Es impensable que si este proyecto no hubiera contado con el apoyo del Gobierno Nacional, haya sido firmado por senadores del oficialismo, como Cristina F. de Kirchner, Miguel Angel Pichetto, Jorge Capitanich, Nicolás Fernandez, etc.
Sin lugar a dudas, a principios del año 2005, el futuro de los biocombustibles en Argentina resultaba promisorio.
En abril del año pasado, en Diputados, un plenario de cinco comisiones –con la llamativa ausencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es presidida por el Diputado Carlos Snopek-, dictaminó sobre el proyecto de ley aprobado en el Senado, respetando el texto del mismo.
Pero fue entonces que comenzó a operar la máquina de impedir. Al ingresar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto fue cajoneado, bajo la excusa de presentar “un agujero negro en materia fiscal”, según palabras del diputado Carlos Snopek.

El fantasma del agujero fiscal

Una Comisión Interministerial constituida por orden del ex ministro de Economía Roberto Lavagna se pronunció con una visión de faros cortos, preocupada solamente por el supuesto costo fiscal que provoca la sustitución de combustibles fósiles, por biocombustibles exentos de impuestos. No se tuvo en cuenta el impacto que en la economía genera la creación de un nuevo complejo productivo, que se traduce en extensión de la frontera agrícola, aumento de la productividad debido a los resultados de la investigación tecnológica consecuente, construcción de nuevas plantas, demanda de empleo, reducción de los efectos colaterales negativos sobre la salud de la población que generan la quema de combustibles fósiles, etc.
Hasta la AFIP había sugerido reemplazar la liberación de IVA incluida en el artículo 7 del proyecto aprobado en el Senado, por un subsidio directo equivalente, aduciendo que este tipo de incentivos los puede administrar perfectamente.
Cualquier lector que se detenga a analizar lo ocurrido y lea atentamente las exposiciones de los Diputados del bloque oficialista durante el debate del pasado 22 de marzo sobre el tema en cuestión, descubrirá rápidamente que la “vieja política” a la que tanto aludió nuestro Presidente de la Nación –con un gran sentido de la oportunidad y una visión estratégica, lamentablemente no tenida en cuenta por un gran número de sus colaboradores- sigue operando como en las mejores épocas.
Finalmente, prevaleció la “obediencia debida” a la orden proveniente del Ministerio de Economía.



¿Alconafta II?





Con una postura positiva y haciendo prevalecer lo estratégico, la liberación de IVA podía reemplazarse perfectamente con un sistema de bonos fiscales al estilo del régimen de reintegro para la industria de la maquinaria agrícola, o por la devolución del débito fiscal IVA –de manera simétrica al régimen de devolución de IVA en las compras con tarjetas de débito o crédito- o hasta por la implementación explícita de subsidios directos.
¿Que ocurrió en definitiva con la revisión de Diputados al proyecto?...Terminó desnaturalizándolo, convirtiéndolo en otro proyecto y poniendo en juego seriamente la formación de una oferta de biocombustibles para el mercado interno argentino.
· La nueva redacción quita al proyecto del Senado, la estabilidad fiscal y la liberación de IVA, que estaba destinada a suavizar el mayor precio de los biocombustibles frente a los combustibles fósiles, evitando que al momento de establecerse el uso obligatorio de aquéllos en corte con estos, el consumidor tenga que absorber un significativo mayor costo en surtidor.
· Condiciona todos los incentivos al otorgamiento de un cupo fiscal, el que será administrado discrecionalmente por la Autoridad de Aplicación, sin establecer un régimen de licitaciones públicas para la adjudicación de los proyectos entre los distintos postulantes.
· No establece reglas claras para la fijación de precios (cuando el efecto del corte obligatorio convierte a los mismos en una especie de tarifa) y faculta a la Autoridad de Aplicación para que establezca cuotas de distribución, con el objetivo de atender la demanda de biocombustibles destinados a cumplir con el corte obligatorio, sin tope porcentual alguno, generando una sugestiva incertidumbre a los futuros inversores.
· Si bien es intención del Ministerio de Infraestructura otorgar subsidios directos dentro del cupo fiscal, podría ocurrir que un año sean otorgados y otro no, además de ser adjudicados de manera muy discrecional entre los productores de biocombustibles.
· Los precios quedan librados a la decisión de la Autoridad de Aplicación. El viejo Plan Alconafta quedó abortado cuando la Autoridad de Aplicación no actualizó los precios del etanol, en una coyuntura inflacionaria; de la misma manera, se podría repetir la historia en un futuro, considerando que la Autoridad de Aplicación no sólo puede fijar precios sin una regla legal clara, sino también reducir el porcentaje del corte obligatorio cuando la oferta de biocombustibles sea deficitaria.
· Las pymes no tienen incentivos significativos para operar en el mercado formal. Hoy existen unas cuantas empresas pequeñas y medianas que producen biocombustibles, en su mayoría no están inscriptas en la Secretaría de Energía y ninguna tributa los impuestos específicos a los combustibles.
· El nuevo esquema propuesto implica que para producir biocombustibles hay que lograr la habilitación de la planta, cumplir los requisitos de calidad y otros que establezca la Autoridad de Aplicación y lograr encuadrar al proyecto dentro del cupo fiscal. Si ello no ocurre, las exenciones en los impuestos específicos no operan.


(*) Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.